LA ECOEFICIENCIA COMO ELEMENTO DE POLÍTICA AMBIENTAL

Las tendencias modernas sobre regulación ambiental apuntan hacia la armonización entre el uso y la protección de los ecosistemas y recursos naturales, como condición para soportar las necesidades de sustento y desarrollo de la sociedad. Esta condición de equilibrio aunada a avances tecnológicos, y complementada con programas de control del crecimiento poblacional y de preservación y regeneración de elementos naturales estratégicos o vulnerables, podría conducir a una mayor compatibilidad entre las actividades humanas y su entorno.
Para cristalizar en este principio de autosustentabilidad del desarrollo, los esquemas de regulación ambiental han tenido que evolucionar rápidamente en las últimas tres décadas, partiendo de disposiciones sanitarias dirigidas a proteger la salud de las personas, y pasando por consideraciones de estricta conservación ecológica, ante la evidencia del impacto que algunas actividades industriales y comerciales tienen sobre el medio ambiente.
En un principio también, la única manera asequible para afianzar la observancia de la regulación ambiental, fue su aplicación coactiva a través de instituciones gubernamentales. El argumento era la necesidad de revertir las tendencias de deterioro y agotamiento del capital natural, en aras del interés colectivo y, casi, en nombre de la viabilidad de la vida en el planeta.
Esta visión fue recogida por consumidores y organizaciones sociales, principalmente de países desarrollados, que se constituyeron en un poderoso elemento de escrutinio y sanción informal del comportamiento ambiental de productores y prestadores de servicios.
De manera simultánea, algunas empresas empezaron a identificar beneficios prácticos al incorporar criterios de cuidado ambiental en sus procesos de producción. Por ejemplo, el sector industrial encontró que la modificación de procesos para reducir el volumen o la concentración de emisiones atmosféricas, descargas de aguas residuales o volúmenes de residuos, puede conllevar una disminución de costos, y un aumento de su productividad.
El hallazgo de ese potencial sinérgico entre eficiencia ambiental y eficiencia económica, ha incentivado al sector privado a desarrollar y adoptar de manera voluntaria mecanismos de manejo y verificación de su desempeño ambiental.
Este principio de regulación voluntaria, o autorregulación, ha aportado un enfoque novedoso al diseño de políticas ambientales, principalmente por que no descansa en la capacidad del Estado para imponer y verificar el cumplimiento del marco legal, sino que se erige alrededor de expectativas de mejoría técnica y económica, y de la búsqueda de la aceptación de clientes y consumidores. Se pueden documentar múltiples iniciativas privadas que sin mediar excitativa de las autoridades, promueven la asunción de medidas de protección ambiental en organizaciones de diversos sectores productivos. Esto, aunado a otros factores como convicciones éticas, escasez de recursos y fuerzas de mercado, apunta hacia una reducción en la dependencia de la intervención gubernamental para el cuidado del medio ambiente, al menos en algunos sectores.
En paralelo, la liberalización económica y el fenómeno de globalización comercial han actuado como catalizadores en la difusión y adopción internacional de la autorregulación, ya que para el comercio internacional ha venido a generalizar una suerte de lenguaje común con criterios de manejo ambiental y mecanismos de verificación aplicables a empresas de diversas características y nacionalidades.
Sin embargo, y como suele suceder con conceptos innovadores, la autorregulación ha despertado reacciones encontradas entre los actores involucrados en el diseño y aplicación de esquemas de regulación ambiental. Algunas posiciones sostienen, por ejemplo, que los Sistemas de Administración Ambiental, tipo ISO 14001, no pueden incluirse en el instrumental de una política pública sobre medio ambiente, sino que deben circunscribirse a un ámbito de transacciones privadas, porque se basan en una acción entre particulares no sujeta a verificación gubernamental. Además, se argumenta, no garantizan el control de la contaminación ya que no establecen límites ambientales ni exigen explícitamente para certificar su implantación el cumplimiento de la normatividad ambiental local.
También se ha puesto en tela de juicio su confiabilidad, ya que debido a que pueden constituir un requisito en operaciones comerciales, su evaluación y certificación podrían plegarse a presiones económicas o políticas.
En contraste existen posturas que adjudican precisamente a las corrientes de autorregulación y las fuerzas del libre comercio internacional un papel protagónico en el diseño de los instrumentos de manejo ambiental del futuro.
Más allá de la polémica, no cabe duda que la vertiente autorreguladora aporta elementos valiosos a considerar en el diseño de políticas ambientales de actualidad. Su rápida evolución y amplia difusión justifican explorar esta nueva corriente mediante el reconocimiento de su potencial y la creación de incentivos para su adopción, sobre todo en ramas que han mostrado un alto nivel de iniciativa y capacidad de organización, como sería la industrial.
En particular resulta sugerente recuperar sus conceptos y productos más desarrollados, como la Ecoeficiencia y los Sistemas de Administración Ambiental, para combinarlos de manera balanceada en el diseño de una política ambiental moderna y funcional.
Vale la pena recordar que la idea central de la Ecoeficiencia es la optimización en el uso de materia y energía para llevar a cabo una actividad o producir un bien; es decir, hacer más con menos. Este objetivo es aplicable a una gran gama de actividades, tanto de carácter privado como público. Siempre que en un proyecto o programa se aplican recursos y se establecen metas cuantificables, es posible evaluar la intensidad de uso de esos recursos por unidad producida. Así, se pueden calcular indicadores para proyectos públicos o privados con parámetros de rentabilidad económica o social, desde procesos típicamente comerciales e industriales, hasta programas educativos, habitacionales o de desarrollo agropecuario, por ejemplo.
El presupuesto que destina un país para su administración pública proviene de agentes que llevan a cabo actividades utilizando insumos que, en última instancia, son o provienen de recursos naturales y servicios ambientales. Es consistente por lo tanto, aplicar a las acciones del sector público criterios de calificación basados en la Ecoeficiencia, e incorporar en la evaluación beneficio costo de los programas gubernamentales el balance de sus impactos sobre el medio ambiente.
Debido a que la filosofía de Ecoeficiencia resume los paradigmas de eficiencia económica y ecológica de una organización, existiría una gran congruencia en el hecho de que el Estado, como máxima expresión de una sociedad organizada, adoptara ese concepto como principio de evaluación de sus políticas públicas en materia económica y de desarrollo.
Bajo esta perspectiva, resulta interesante pensar en una política ambiental que, contando con una base sólida y actualizada de normas obligatorias, introduzca criterios de Ecoeficiencia, tanto para su diseño como para la evaluación de sus efectos.
La Ecoeficiencia, (y en general las estrategias de regulación ambiental voluntaria), enfrenta la problemática de la contaminación privilegiando la modificación de procesos (prevención) sobre las soluciones post productivas (control). En contraste, las normas oficiales no regulan procesos, sino establecen límites a sus consecuencias.
Estas cualidades sustantivas, junto con otras de relevancia, permiten asignar características y ámbitos de aplicación diferentes y a la vez complementarios para cada instrumento, para esbozar un esquema de política ambiental que maximize el potencial benéfico de cada tipo de instrumento, minimizando sus consecuencias indeseables y optimizando los recursos destinados por la sociedad a la protección ambiental.
Combinando las características de los instrumentos de política ambiental obligatorios y voluntarios reseñados en la tabla anterior, es posible identificar el potencial y los
ámbitos de aplicación de mayor eficiencia para los instrumentos de política ambiental obligatorios y voluntarios, estableciendo como resultado esperado un adecuado equilibrio entre la disuasión de actitudes negativas y el fomento de conductas deseables.
El reto actual de una política ambiental ecoeficiente que pretenda soportarse de manera creciente en conductas preventivas, es lograr el balance adecuado entre instrumentos obligatorios y voluntarios, es decir, entre estrategias de control y de prevención. Tal balance podría incluir los siguientes criterios:
• Aplicación acertada.- Debe reconocerse el potencial de cada instrumento de política ambiental para que su aplicación reporte el máximo beneficio y la mayor eficacia dependiendo de factores como: el problema que se enfrenta, la urgencia que representa, el tipo de actividad, las características del sector económico, las condiciones de cada región geográfica, los recursos disponibles, las condicionantes jurídicas o internacionales, entre otros.
• Inducción de conductas preventivas.- Su diseño debe ser tal que sin importar el tipo de instrumento con el que se actúe sobre los sujetos regulados, éstos tengan la opción de adoptar finalmente estrategias de prevención.
• Dinamismo.- La política ambiental debe articularse de tal manera que permita su adaptación oportuna a los cambios que se susciten o requieran, por tema, actividad, sector o región.
• Estímulo.- Debe establecer una marcada diferencia entre la recompensa que se puede obtener por una actitud de simple no transgresión de los límites marcados por la ley, y la que puede derivar de iniciativas voluntarias que rebasan el cumplimiento de normas y que contienen un mayor beneficio final para la sociedad.
• Compatibilidad con fuerzas de mercado.- Debe procurar aprovechar el impulso que los requisitos de los mercados dan a la protección ambiental. O expresado de manera inversa: Debe evitar en la medida de lo posible entrar en contradicción con las reglas e intereses comerciales que mueven a las empresas.